Hacia una Política Democrática de Comunicación


Viernes 16 de Julio de 2010

El uso del espacio público está pautado por reglas y convenciones que, por la fuerza o por la negociación, acuerdan todos los que participan de ese espacio. Es cierto que la apropiación de ese espacio, sea la plaza pública, sea la imprenta, sea finalmente la televisión de entretenimiento, de información, de debate, ha sido y es una tentación para los poderes estatales, las concentraciones de poder económico privadas u otros poderes fácticos.

El espacio audiovisual es además el espacio mediático de desarrollo más poderoso y vertiginoso del siglo XXI. Es por excelencia el lugar dónde las grandes masas humanas se informan, se entretienen y se educan. Por todo ello es clave la existencia de pluralidad, diversidad y reglas de juego claras para permitir y garantizar un ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho a la información de las personas.

En la definición de políticas públicas para los medios de comunicación audiovisuales históricamente han participado, mayoritariamente, dos de las fuerzas o actores que tienen que ver con el negocio y sus proyecciones: el Estado y los empresarios. Hay un tercer actor que en general ha estado ausente: la ciudadanía en general, la sociedad civil, que no se ha sentado nunca a la mesa de negociación.

Esto no es un dato menor cuando hablamos de un tema que históricamente determina el resultado de una ecuación compleja: Medios, poder y democracia. Definir una política democrática de comunicación con la participación del Estado, de las empresas y la sociedad civil es, de por sí, una prioridad y un logro en sí mismo.

El desarrollo de nuevos marcos regulatorios de servicios audiovisuales requieren de una mesa más amplia que la que hemos tenido hasta ahora, así como una dosis importante de transparencia. Requiere de información proactiva del Estado y de los actores claves del proceso.

La sociedad civil entonces puede jugar en esta discusión un papel importante, aún habiendo sido históricamente excluida, representando de algún modo a distintos sectores ciudadanos en un debate central para la democracia.

Creemos que este espacio tiene la representatividad y legitimidad suficiente pare definir los objetivos y los principios que, en consideración de la sociedad civil, debería contener un proyecto de ley de Medios de Audiovisuales.

Del mismo modo, esta coordinación o coalición debería jugar un papel clave en el seguimiento del proyecto una vez que éste ingrese al Parlamento. En esa lógica de que todos los sectores interesados deben participar del debate sobre una ley con tanta trascendencia como ésta, lo que ocurra en la discusión parlamentaria es un tema prioritario para la sociedad civil. Estar atentos a los lobbies que actúan en estos casos, los eventuales recortes de estándares y soluciones, es una misión para este espacio.

Pero sobre todo, este espacio debería proveer de contenidos fundamentados para la discusión y el diálogo con los otros actores claves. Si la sociedad civil pretende incidir realmente en este proceso sus representantes requerirán de propuestas sólidas para defender a las lógicas resistencias que el cambio puede generar en éste sector.

No es el momento de listar los objetivos y principios que la sociedad civil impulse ante las instancias correspondientes, aunque el objetivo final está claro: Profundizar los cambios institucionales que faciliten micrófonos a las organizaciones civiles, educativas, gremiales.

Mucho se ha hecho con la Ley de Radios Comunitarias, la Ley de Acceso a la Información Pública y la constitución de los consejos independientes para la radiodifusión comercial y la radiodifusión comunitaria.

En definitiva, cuando del mercado de los medios hablamos, lo más difícil es prevenir que el poder de los principales grupos establecidos, obstaculice la entrada de otras voces y de posibles competidores.


Asociación de la Prensa Uruguaya
Grupo Medios y Sociedad